Desde la Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca advirtieron que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que definió el Gobierno sobre los lineamientos de la "modernización" de la flota pesquera no atiende la necesidad por "mayor seguridad" que urge a los tripulantes de las embarcaciones que navegan en el país.

A través de una carta dirigida al presidente Mauricio Macri, su titular, Jorge Frías, pidió que quede "sin efecto" la normativa que consensuó la administración nacional con las cámaras armatoriales y distintos referentes de la industria naval.

"Debe pensarse en dichas vidas perdidas, en las familias de las víctimas a la hora de legislar así como en los trabajadores que actualmente se encuentran desarrollando la actividad pesquera en alta mar y no solo en intereses económicos y políticos del momento", reclamó el dirigente, quien manifestó: "Como náufrago y habiendo perdido a un hermano en alta mar, podrá entender Ud. Sr. Presidente que aún espero, como muchas familias, que se modifique esta gravísima y triste realidad, lo que lamentablemente estoy convencido que no sucederá con el Decreto de Necesidad y Urgencia dictado".

El máximo referente de la entidad consideró que no se puede "admitir" que el trabajo en el mar "también incluya la muerte de los trabajadores". "Todo hace pensar, que con una flota que en promedio supera los 45 años, si se prolonga sin modernizarse 21 años más, es de esperar que nuevos naufragios se sucedan, lo que no puede soslayarse tal como lo hace el propio Decreto de Necesidad y Urgencia", advirtió.

Frías consideró que la posibilidad que se le da a los armadores de prorrogar la construcción y renovación de buques con más de 40 anos de antigüedad hasta el 1 de enero de 2040 no permite atender "la urgente necesidad de dar mayor seguridad a los tripulantes de los buques pesqueros de bandera Argentina". En este sentido, según aseguró,  en los últimos 18 años se produjo la muerte o desaparición de 95 trabajadores por naufragios.

"Hay más de 100 buques pesqueros operando en el caladero argentino, muchos de los cuales superan los 45 años, y si se posterga la renovación de la flota hasta el 2040, nada indica que nuestro País no se encontrará con el mismo inconveniente de hoy, de no contar con fuentes de financiamiento y Astilleros suficientes para renovar toda la flota y, en ese sentido, habría que apelar no solo a los Astilleros privados sino poner también en pleno funcionamiento los Astilleros del Estado, que deberán contar con suficiente capacidad para llevar adelante la construcción de buques pesqueros", señaló.

EL DNU

En la edición de este martes del Boletín Oficial, la administración nacional detalló la iniciativa, contemplada en el decreto 145/201, en la cual se establece que “los buques habilitados para realizar tareas de pesca en aguas argentinas, con excepción de los artesanales, deberán tener una antigüedad inferior a 40 años desde su fecha de construcción, medida que comenzará a regir en 2040”.

A su vez, también se precisó que en caso de acreditarse la reconstrucción de más de 60% del buque en territorio nacional, o que se trate de uno con autorización exclusiva para la captura de calamar, la antigüedad podrá ser de hasta 60 años.

La Prefectura Naval será la encargada de certificar la reconstrucción de acuerdo a los criterios que fije al efecto, los que deberán contemplar los materiales reemplazados y la tecnología incorporada, tanto en la navegación como en las tareas que se desarrollan a bordo.

Los límites de antigüedad establecidos en el decreto regirán a partir del 1 de enero de 2040. El Régimen Federal de Pesca establece que la Nación fomentará el ejercicio de la pesca marítima en procura del máximo desarrollo compatible con el aprovechamiento racional de los recursos vivos marinos.