Revelan que comerciantes recibieron “sospechosas inspecciones” tras denunciar irregularidades
Por Carlos Walker
“Los gastronómicos nos hacemos muchas preguntas pero no encontramos las respuestas. Estamos enojados. Nos obligan a poner contenedores y si no los tenemos nos mandan al Juzgado de Faltas para que nos apliquen una multa. Hay una especie de monopolio entre dos empresas. Es un desastre. Todo esto es muy raro. ¿Están esperando que vengamos con los contenedores a la municipalidad? Esto es un curro”.
Así lo denunciaron el pasado lunes un grupo de comerciantes gastronómicos en una Jornada de Trabajo que se llevó adelante en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante con el objetivo de debatir la necesidad de reducir los costos de implementación de la ordenanza Nº 20002, que regula los instrumentos básicos para la gestión adecuada de los residuos voluminosos generados por los comercios en el distrito de General Pueyrredon.
Tras esa reunión en el cuerpo legislativo, los comerciantes recibieron “sospechosas inspecciones” del municipio. En el marco de una nueva sesión ordinaria del Concejo Deliberante, el concejal radical, Mario Rodríguez, denunció este jueves que “al otro día de la jornada de trabajo, llamativamente algunos comerciantes gastronómicos que hicieron uso de la palabra recibieron sospechosas visitas de Inspección General del municipio”.
“Tenemos que tomar nota de esta situación. Es muy preocupante cuando el estado se pone a disposición del poder de turno para preocupar aquellos que vienen al Concejo Deliberante ante la falta de respuestas del Ejecutivo”, remarcó el edil.
En la actualidad, todos aquellos generadores de residuos voluminosos (que superen los 20 kg) se encuentran excluidos del servicio de recolección de residuos domiciliarios contratado por la municipalidad de General Pueyrredon. Y es el propio sector gastronómico y hotelero quien tiene que cargar con ese costo. Se trata de un millonario negocio.
“Las empresas que prestan el servicio instalan los contenedores de manera compulsiva, con el consiguiente costo lo que además afea la vereda dada la emanación de olores, inutiliza las mesas y sillas cercanas al mismo ya que no quieren utilizarlas por los clientes, dificultan el estacionamiento”, recalcaron los gastronómicos, quien cuestionaron la tarea de las empresas Ciageser SA y Resicont SA.
“La empresa Transportes 9 de Julio tiene una actitud de connivencia con estas dos empresas, que le pertenecen. Están obligando a los comerciantes a que le paguen”, aseguraron.
A su vez, los comerciantes reclamaron que se realice “un control adecuado de las tarifas que perciben las empresas prestadoras del servicio quienes las estipulan en valores fijados unilateralmente, donde adicionan el IVA, no obstante, no corresponde por tratarse de un servicio público”.
En ese sentido, los representantes legales de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata le apuntaron al titular del Emsur, Eduardo Leitao. “La pregunta que debe realizarse el Presidente del Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR) no es ni más ni menos que: ¿Cuál es la fuente normativa del monto equivalente al 35% que les están liquidando a nuestros representados Ciageser SA –más el impuesto al valor agregado (IVA)– y Recicont SA –sin el impuesto al valor agregado–, para efectuar por cuenta y orden el pago de la Tasa por Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos? y ¿Qué mecanismo de cálculo se usó para subsumir, en dicho porcentaje, la producción diaria de residuos voluminosos de cada establecimiento generador?”, señalaron.
