Que no fueron organizaciones sociales las que tiraron el “piedrazo”. Que sí hubo graves fallas en el operativo de seguridad que pretendía custodiar al Presidente de la Nación y la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires. Que sí hubo voz, voto y responsabilidad del Municipio de General Pueyrredon a la hora de elegir y recomendar el lugar donde se iba a desarrollar el acto. Que no hubo daños de magnitud alguna en el vehículo presidencial. Que no existió una inteligencia previa a la agresión. Que sólo un menor tuvo relación directa con el ataque.

Tajantes, contundentes. Así son las principales conclusiones que, a primera vista, se desprenden de la investigación que lleva adelante la Justicia Federal de Mar del Plata desde hace exactamente un año, desde aquel 12 de agosto, cuando Mauricio Macri y María Eugenia Vidal llegaban a Belisario Roldán con anuncios bajo el brazo, para despedirse, después, casi aturdidos por la sorpresa: por las piedras y los insultos, por las balas de goma y los gases lacrimógenos.

Se transformaba en uno de los primeros antecedentes de estas características con el que el mandatario debería cargar en sus espaldas, y que después se repetirían el 28 de diciembre de 2016 cuando resultó víctima de un ataque similar en la localidad neuquina de Villa Traful. Pero los minutos de máxima tensión que vivió en la periferia de Mar del Plata, ya habían encendido más de una alarma en el Ejecutivo nacional.

Por el nivel de desprotección, de desorganización, de desinteligencia, de imprudencia, de negligencia, de falta de control, de improvisación, está claro que la agresión que sufrió el Presidente en la ciudad no quedó en el recuerdo como un simple “mal trago”. Y está claro, también, que la presencia de diversas organizaciones políticas en Belisario Roldan, fue la variable que condicionó todo escenario de análisis posterior a los hechos.

Desde un primer momento, el Gobierno levantó fuertes sospechas en torno a la participación de Votamos Luchar e HIJOS, dos de las agrupaciones de izquierda presentes en el acto, y dejó en claro que la agresión contra Macri había sido “planificada” antes de su llegada a Mar del Plata.

Así lo denunció en la mesa de Mirtha Legrand la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, que, a casi un mes de la agresión, recordó cómo vivió ese ataque:

Sin embargo, los resultados que arroja la labor investigativa del Ministerio Público Fiscal, respaldada por el Juez Federal Santiago Inchausti, contraponen toda sospecha planteada por el Gobierno.

El cuerpo de fiscales no desconoció la presencia de las agrupaciones políticas ya citadas, que eran fácilmente localizables por sus banderas, pero sí las desvinculó de la “apedreada” dirigida contra el Chrysler que trasladaba al Presidente de la Nación.

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Al respecto, la fiscal Laura Mazzaferri explicó a El MarplatenseRadio Mitre Mar del Plata que dentro del “gentío” de manifestantes que rodeó al vehículo presidencial al finalizar el acto, se determinó que la persona que arrojó la piedra fue un adolescente de 17 años. Menor que, según revela el análisis de los diversos registros fílmicos, tenía pelo corto oscuro y vestía en esas circunstancias un “buzo color azul con vivos blancos en su lado derecho”.

Lejos de verificar cualquier organización previa al ataque, la investigación de la Justicia Federal sostiene que el joven decidió tomar de manera “espontánea” la piedra del suelo para después arrojarla contra el rodado en el que viajaba el primer mandatario.

Tras su correcta identificación, el Juez Santiago Inchausti indagó a principios de octubre al adolescente, tal como lo requirió el cuerpo de fiscales el 27 de septiembre pasado, y resolvió formarle un “legajo tutelar” por el incidente que protagonizó.

Pero el magistrado también constató que el menor se encontraba en una grave situación de “vulneración de derechos”, por lo que dispuso como “prioritario” otorgar diversas medidas para revertir ese estado, enmarcadas en la ley 26.061 de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y la causa, en definitiva, se mantiene a la fecha en esta misma instancia, hasta tanto no quede resuelto el contexto de “abandono” que atraviesa al joven.

Los informes periciales que recoge la investigación, incluso, revelan que el Chrysler en el que viajaba el Presidente de la Nación no sufrió daños de consideración alguna. Mazzaferri le aseguró a este medio que el impacto con la piedra “fue desde lejos y no tuvo fuerza”, por lo que sólo provocó un leve hundimiento a la altura del picaporte de la puerta del lado del acompañante y otra “marca” en el vidrio.

Lo expuesto se contradice con las declaraciones del juez Alfredo López, que durante 10 días reemplazó a Inchausti durante su licencia, y que había asegurado que la “información de la Policía Federal remitida por escrito al juzgado daba cuenta de que una piedra impactó en la luneta trasera de un vehículo de la comitiva presidencial, produciendo daños”.

No sería, de todos modos, la única contradicción que el cuerpo de fiscales mantuvo con el magistrado subrogante. Y, llegado el caso, ésta sería la de menor tenor.

La logística de los hechos que planteó López señalaba que, al menos, ocho personas de distintas organizaciones políticas habrían estado involucradas con el ataque a piedras a Mauricio Macri, por lo que vinculó la agresión con un intento de “desestabilización” hacia el Gobierno nacional.

Así, las diferencias entre el magistrado y el cuerpo de fiscales resultaron irrenunciables, al punto que Alfredo López presentó una denuncia contra Laura Mazzaferri, Daniel Adler y Nicolás Czizik, los tres agentes fiscales, por entender que “entorpecían” la causa. Esto explicó el juez federal en un mano a mano en nuestros estudios:

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La denuncia realizada por el juez López aún está en trámite, y fue uno de los motivos por los que Laura Mazzaferri no le cerró las puertas a este medio pero sí evitó hacer declaraciones testimoniales.

Lopez denuncia

En definitiva, ese vaivén político-judicial fue un agregado más que debió soportar la causa durante la convulsionada semana en la que se produjo la agresión al Presidente, que no aportó más que demoras al esclarecimiento del ataque.

UN ACTO QUE PUDO HABER TERMINADO EN TRAGEDIA

En la previa del acto en el barrio Belisario Roldan se pudieron observar distintos datos llamativos. El primero fue el lugar elegido. Lejos de cualquier lógica, el Gobierno local sugirió realizar un acto con el presidente y la gobernadora en un barrio donde, sus propios funcionarios fuera del aire, aseguraban “no tener poder territorial para poder garantizar la seguridad que se necesitaba”. Se optó por un barrio donde la fortaleza de las organizaciones se notó con claridad, sumado a una zona donde los accesos eran limitados. Sólo angostas calles de tierra y sin un sector destinado exclusivamente para los vehículos oficiales. “Los autos oficiales pasaban en pleno del barrio sin ningún tipo de cuidado previo, pudo haber pasado cualquier cosa”, indicó una fuente del propio Ejecutivo en el acto.

Antes de la presencia del mandatario, ocurrieron desmanes en las afueras de los terrenos donde se iban a realizar los anuncios de obras urbanísticas. Movimientos sociales buscaron llegar al acto con dos marchas que fueron desarticuladas por la policía, que los alejó con balas de gomas y gases lacrimógenos.

Ya dentro del ámbito donde Macri iba a hablar junto a Vidal, el clima de tensión se vivía una hora antes, ya cerca de las 9.30. En un radio de 15 metros del “escenario” de las autoridades, había un vallado de un metro y medio donde se encontraban personas afines al Gobierno y, en su mayoría, sectores de organizaciones como “Votamos Luchar” e “HIJOS”, quienes exhibieron una bandera en alusión a las frases que había dicho el presidente por la cantidad de desaparecidos en la dictadura. Eran al menos 150 personas que ya mostraban pancartas con críticas al oficialismo. También se escuchaban cánticos. Sin embargo, no se observaban simbologías partidarias. Es decir, si bien se evidenciaban estar en contra de la presencia de Macri, no exhibían banderías políticas ni combativas. Todo ese contexto era observado sin demasiada atención por parte de las autoridades policiales, más preocupados por resistir la arremetida de grupos caracterizados en las inmediaciones de lo que, en verdad, ocurría al lado de donde iban a estar los funcionarios.

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Pasadas las 10 llegó Macri, Vidal, el concejal Juan Aicega, y otros referentes de Cambiemos. Todos ellos con una sonrisa, en busca de dejar una buena imagen de cara al anuncio. Sin embargo, sus miradas no estaban compenetradas a la cámara. Miraban constantemente a los cuestionamientos que surgían a pocos metros suyos. Por esa razón, el acto, en el cual se instó “a dejar atrás los agravios y la violencia”, no superó los 10 minutos. Tras el breve discurso, la custodia de los mandatarios decidió retirarlos por detrás del escenario, donde, a unos 20 metros, se encontraban los vehículos oficiales. En ese interín, no hubo vallado ni policía que pudiera impedir cómo centenares de personas se acerquen a centímetros del presidente y la gobernadora, quienes rápidamente se subieron a los autos. En el mientras tanto, existieron constantes forcejeos entre la policía y manifestantes, e incluso entre los propios sectores antagónicos en el acto. Existieron golpes de puño al auto de Macri. Sí. También a los que le continuaron. Ninguno revistió de mayores consideraciones pero sí valen la aclaración para tomar con real noción lo que pasó en Belisario Roldan. Insólitamente, la seguridad presidencial prefirió salir por calles internas del barrio que tampoco tenían un despliegue policial. En ese momento es cuando la fiscalìa comprueba un impacto concreto de una piedra sobre el asiento del acompañante del auto que iba Macri.

En plena salida estrepitosa, que finiquitó en Sierra de los Padres donde el Gobierno resaltó la actualidad del kiwi, los desmanes en la zona oeste de la ciudad continuaron. La policía nuevamente alejó los disturbios con balas de goma y gases, en busca de frenar los enfrentamientos entre los grupos afines al oficialismo y quienes se acercaron para manifestar, por lo pronto, su descontento.

Párrafo aparte para las observaciones variadas que existieron minutos después acerca de una preparación de los ataques. A pesar de los dichos del juez López, quien aseveraba que, días atrás, los atacantes habían podido ingresar al barrio, alojándose en casas de vecinos, y así evitar tener que ser frenados por los controles, nada de ello prosperó. Lo propio ocurrió con la supuesta planificación de las organizaciones para dañar concretamente a Macri. Sólo se enfatizó que los episodios de violencia no fueron parte de las consideraciones finales para determinar una hipótesis ante el ataque al presidente. Fueron simplemente circunstancias descriptas en los expedientes que poco valor terminaron teniendo. De igual modo, lo ocurrido en esa mañana del 12 de agosto del 2016 lejos estuvo de ser un acto más, un hecho de violencia más. Pudo haber finalizado en una tragedia.

 


 

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