Las autoridades judiciales de la Fiscalía de Delitos Económicos revelaron que aún investigan nuevos casos de estafas inmobiliarias cometidos en otras localidades por parte de la megabanda que estaba integrada por 34 personas, y para las cuales se requirió en los últimos días la elevación a un juicio oral y público.
En un mano a mano con El Marplatense, el fiscal Javier Pizzo tampoco descartó la posibilidad de que haya más involucrados en el medio centenar maniobras defraudatorias que se desarrollaron en el transcurso del 2014 y 2016 con inmuebles situados en la ciudad y Miramar.
“Hasta hoy los que tenemos son estos, con el grado provisorio que demanda la investigación penal. Entendemos que hay responsabilidad de este número de personas, sin perjuicio de que, por ejemplo, en cuanto a la cantidad de hechos también hemos dispuesto la formación de una causa en dolores porque hay estafas cometidas ahí por parte de esta misma organización”, aseguró.
El funcionario judicial, quien recordó también que esta banda delictiva ya había sido imputada por un intento de apropación de un campo de Balcarce haciendo uso de información falsa de Paraguay, afirmó que de prosperar estas líneas investigativas deberán tomar intervención las autoridades de otros departamentos judiciales.
La investigación se inició a mediados de 2016, tal como dio a conocer El Marplatense, por la denuncia de un ciudadano en la que se constató que en el certificado de dominio de un bien propiedad de su familia surgía como titular un tercero desconocido. Posteriormente a esa denuncia se agregaron otras dos, formuladas por los jueces civiles del departamento judicial Mar del Plata Rodrigo Cataldo y Hernán Krzyszycha, quienes anoticiaban la presunta utilización de folios y sellos de su pertenencia en trámites que les resultaban ajenos.
“Toda la mecánica que se desarrollaba para esto era realmente compleja porque era falsificación de firmas de jueces civiles de la ciudad y otros departamentos judiciales, de sellos de juzgados, de secretarios locales, y documentación que era elaborada por el mismo grupo y que después se usaba con los fines criminales propuestos”, afirmó Pizzo, que agregó: “Se conformó una asociación ilícita y con esa norte, le pedimos el juicio de estas personas”.
La pesquisa permitió detectar que durante el período comprendido entre el 2014 y el 2016, fueron transferidas -mediante el uso de Folios de Seguridad y Sentencias judiciales falsos que se presentaban ante el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires- las titularidades de unos 50 inmuebles ubicados en las ciudades de Mar del Plata y Miramar.
Considerando las causas vinculadas ( IPP 5124-15), se estima que el valor de los inmuebles transferidos o cuya titularidad pretendían obtener, alcanzaría la suma aproximada de 100 millones de pesos.
Para el Ministerio Público Fiscal la organización criminal tenía su base en el Estudio Jurídico del abogado Adrian Bovati ubicado en Miramar, y se dedicaba a la captación de interesados en la compra de inmuebles, y a su vez aportaba información para individualizar bienes que reunieran las características particulares convenientes para las mecánicas ideadas con el fin de tomar posesión de los mismos; esto es, principalmente inmuebles cuyo titular fallecido no registrara herederos, o bien pertenecientes a sociedades cuyos accionistas habían fallecido o se encontraban desintegradas o en camino legal a ello, o cuyos titulares registrales evidenciaban en organismos públicos desinterés en el inmueble mediante el incumplimiento del pago de impuestos o servicios, o aquellos en los cuales los titulares o adquirentes procuraban no informar la operación comercial ante los organismos fiscales, o bien poseían impedimentos como trabas de embargos o inhibiciones personales que obstaculizaban la transferencia.
Durante la investigación, también se fijaron algunas medidas cautelares. En relación a los imputados de Asociación Ilícita, el Juzgado interviniente decretó la prohibición de salida del país de todos ellos, y su inhibición general de bienes y, además, sobre los inmuebles transferidos de forma ilegítima pesan medidas cautelares ( medida de no innovar) que evitan su transferencia.
A partir de la detección de las irregularidades, las autoridades del Registro de la Propiedad Inmueble también informaron a la Fiscalía que dispusieron un mecanismo interno de control obligatorio que permite constatar el eventual uso de folios falsos.
