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500 marplatenses “renunciaron” a la Iglesia en los últimos 20 días

La apostasía colectiva organizada por la Coalición Argentina por un Estado Laico sufrió un fuerte impulso ante el rechazo en el Senado del proyecto de legalización del aborto. Desde 2009 hasta ahora solo se habían presentado 1600 trámites en la ciudad.

Por Redacción

domingo 19 de agosto, 2018

Durante las tres jornadas de apostasía colectiva organizada este mes desde la Coalición Argentina por un Estado Laico (CAEL), 500 marplatenses completaron sus formularios para renunciar al culto católico, una acción impulsada fuertemente por el reciente rechazo en el Senado del proyecto de legalización del aborto y el rol de la Iglesia durante el debate.

Fernando Lozada, integrante de la organización Ateos y Ateas Mar del Plata y de CAEL, calificó como “significativo” el incremento en el último tiempo de las personas que desean “desafiliarse” a la Iglesia Católica Apostólica Romana. “Hacemos apostasías desde el 2009 en un sistema permanente, de forma colectiva o a través de un asesoramiento personal, y en estos 9 años llevamos registras unas 1600“, aseguró.

Durante agosto, se realizaron tres convocatorias para apostatar en diferentes puntos de la ciudad: el 4 en Plaza España, el 8 en la vigilia por la aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo en el Senado frente al monumento a San Martín, y el 18 en la Biblioteca Popular Juventud Moderna, ubicada en Diagonal Pueyrredon al 3300. En esta última jornada, 170 marplatenses se presentaron en 5 horas a completar la planilla con sus datos, que serán presentadas con las de resto del país en próximo 24 de agosto ante la Conferencia Episcopal Argentina.

“La apostasía es un acto político, una forma de decirle a la institución católica que no queremos pertenecer. La mayoría fuimos inscriptos mediante el bautismo a una edad en la que no teníamos conciencia y rechazamos ese atropello a la libertad de conciencia de niños y niñas obligados a ser parte de un culto antes de formar su propia identidad”, explicó Lozada sobre el sentido del trámite previsto por el derecho canónico, pero, que a su vez, es considerado por el catequismo de la Iglesia como un “pecado grave”.

“Cinco días después del trámite la Iglesia nos tendría que sacar de sus registro, pero en vez de eso nos tacha y nos anota como apóstatas, lo que cual es ilegal porque almacena datos de personas ya ajenas a la institución. La Ley de Protección de Datos Personales es muy clara y la están infringiendo”, sostuvo y anticipó que avanzarán contra esto presentando amparos colectivos ante la Justicia.

En otros países, como España o Alemania, la cantidad de fieles se vincula con el monto de dinero que recibe la Iglesia Católica de manos del Estado, pero en Argentina no existe esa fórmula. “Para nosotros es un gesto político simbólico, porque lo hacemos público y colectivo. Pero para muchas personas la apostasía es una especie de rito secular, una manera de aliviarse y liberarse de esa carga opresiva que ha generado la Iglesia sobre sus mentes y sus cuerpos. Lo hacen con alegría, no es un mero trámite de desafiliación”, describió Lozada sobre lo que motiva a las personas a apostatar.

Asimismo, indicó que desde la organización también militan por la “separación absoluta” entre Iglesia y Estado. “La Iglesia recibe mucho dinero de manos del Estado, mucho más de lo que se dice y de lo que se sabe. Marcos Peña dijo que son 130 millones de pesos que en realidad son 178 en el nuevo presupuesto, pero es muchísimo más. Eso es una pequeña parte del total del erario público destina al culto católico. Solamente en subvenciones a escuelas confesionales el Estado gasta 18 mil millones de pesos”, aseguró y calculó entre “los 20 y 40 mil millones” de pesos la cifra total.

“Por su puesto tiene que ser algo progresivo porque el Estado no puede cubrir de un día para el otro toda la educación, pero es una responsabilidad del Estado que no ha tomado políticas públicas para hacerlo. Por ahí sale más caro tener todas escuelas públicas, pero no es un tema netamente financiero, el Estado tiene que garantizar la educación laica, gratuita y de calidad”, sostuvo y agregó que “en las escuelas confesionales no se cumple con la Ley de Educación Sexual Integral”.

Lozano aseveró que desde CAEL trabajan para que ninguna persona sea discriminada por sus convicciones o creencias y que, a su vez, nadie sea privilegiado por el mismo motivo. “No somos una organización antireligiosa, nosotros luchamos porque se respeten nuestros derechos y nuestra propia identidad. El Estado laico sería la mejor forma para convivir sin discriminación por lo que cree o no cree, esa es nuestra lucha”, concluyó.

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