El Intendente Carlos Arroyo celebró el reciente fallo que resolvió en favor del Municipio la Suprema Corte de Justicia bonaerense en el marco del reclamo que mantienen los docentes por la restitución de su bonificación e insistió que su gestión sólo "hace lo imposible por cumplir con la ley".

"La Corte está haciendo lo que tiene que hacer. Soy muy respetuoso de la división de poderes y republicano a muerte. Y mi gestión hizo lo imposible por cumplir con la ley", aseveró el jefe comunal, al ser consultado por la prensa.

En su dictamen, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, por unanimidad, desestimó este miércoles la solicitud del Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredon para que levante la medida cautelar que ordena suspender la aplicación de la ordenanza 18257, mediante la cual el intendente había eliminado la histórica bonificación salarial que percibían desde hace 30 años.

En este marco, Arroyo reconoció que "los docentes están mal pagos en el país" pero dijo que esta situación no puede interferir con un incumplimiento de lo que "marca la ley". "Tampoco es un problema de ahora; es de hace 50 años. Yo cumplo con la ley a rajatabla. Eso es lo que hice, por lo menos en mi consciencia", aseveró.

"La clase política durante años miró para otro lado por conveniencia, acomodo o preferencias que no correspondían. Y ha hecho lo que le convino a los poderosos y no la ciudad. Pero yo creo en el pueblo, por sobre todas las cosas", apuntó el jefe comunal.

De acuerdo a la resolución que lleva las firmas de los seis jueces del máximo tribunal de Justicia de la provincia, “los motivos invocados por el presidente del Concejo Deliberante carecen de virtualidad para disponer el levantamiento de la medida cautelar ordenada“.

En otro de los párrafos, los magistrados se refieren a la única prueba informativa que acompañó el Concejo en su presentación ante la Suprema Corte y aclaran que “el Convenio Colectivo de Trabajo al que se hace referencia, aún no ha sido registrado por el Ministerio de Trabajo bonaerense, por lo que corresponde, por el momento, prescindir de ella sin perjuicio de la eventual denuncia de su registración y puesta en vigencia”.

La Suprema Corte dirime en el conflicto entre el Concejo Deliberante y el Ejecutivo municipal por la ordenanza aclaratoria que emitió el cuerpo legislativo que ratificaba el pago de la bonificación docente, que luego fue vetada por Arroyo y fue aprobada nuevamente “por insistencia” en el recinto.

En tanto, la semana pasada, el Juzgado Contencioso Administrativo Nº 2 de Mar del Plata rechazó el pedido del Ejecutivo para que se levante la medida cautelar dictada a favor de los docentes municipales respecto a la bonificación salarial que perciben desde hace 30 años. El juez Marcelo Daniel Fernández aseguró en su fallo que “no se advierte cómo la medida cautelar dictada puede estar afectando al interés público en forma más grave que a los sujetos beneficiarios de la misma”, tal y como argumentó la comuna para solicitar la suspensión o el levantamiento de la medida.

Desde hace varios meses, los docentes municipales mantienen un enfrentamiento con el Ejecutivo municipal desde que, en octubre del año pasado, Arroyo firmó un decreto que modificó la forma en la que se liquidan los salarios docentes y que, en la práctica, despojaba a los educadores de las escuelas municipales de una histórica bonificación que percibían desde 1989 y representaba unos cinco mil pesos extra en sus sueldos.

EMERGENCIA EDUCATIVA: "ERA NECESARIA"

En este marco, el Intendente también fundamentó la promulgación que resolvió sobre la declaración que había sancionado en materia de infraestructura y salud escolar el Concejo Deliberante en una sesión especial que tuvo lugar semanas atrás.

"Dejé de lado a mis concejales y resolví el tema no en función política sino en función de las escuelas y lo que fuera necesario para la comunidad. Y consideré que fuera necesario que hubiera una declaración de emergencia porque eso es lo que merecen nuestros chicos y alumnos", remarcó.

En este sentido, Arroyo continúo explicando su postura y sintetizó que la ordenanza impulsada desde la oposición "era buena y necesaria". "La educación pública es la única forma que yo conozco para que todas las clases asciendan", concluyó.

La ordenanza fue aprobada el miércoles con 14 votos a favor y 7 en contra. Los ediles radicales Vilma Baragiola, Mario Rodríguez y Natalia Vezzi fueron los que, finalmente, inclinaron la balanza en pos de la sanción del proyecto, que permite acelerar los procesos de contratación para obras de infraestructura y compra de materiales para las escuelas del municipio.

Además, los concejales exigieron al Gobierno provincial “medidas urgentes que garanticen la calidad educativa de los estudiantes y las adecuadas condiciones laborales de los docentes y auxiliares en las escuelas de nuestro distrito”.