Con una "ocupación", denuncian "desidia" sobre la Casita Azul
Organizaciones sociales llevan adelante este viernes una "ocupación" en el ex prostíbulo conocido como la "Casita Azul" ante la falta de avances que acusan en las gestiones para que se avance con su expropiación y se reutilice el emblemático espacio.
La medida es impulsada por Votamos Luchar, que consideró que la medida busca denunciar "las nefastas políticas en lo que refiere a violencia de género" después de considerar que la casa que está sobre la calle 20 de septiembre "está abandonada desde 2010".
"El caso de la Casita Azul es un ejemplo de la desidia que los gobernantes a distintos niveles mantienen hacia los verdaderos problemas de las mujeres trabajadoras, como puede verse en el caso de las becas de vulnerabilidad, trabadas en el escritorio de Mourelle por decisión política de ajustar en todo lo que hace a salud, educación, trabajo... No les importa el hambre, no les importa los barrios, nos les importa las mujeres vulneradas", apuntaron, a través de un comunicado.
Durante la protesta, que se enmarca en el Día Internacional de la Mujer, los manifestantes le exigieron al Municipio que "ponga este espacio físico en condiciones para dar albergue urgente a las mujeres en situación de riesgo", así como también dar "continuidad y aumento de las becas de vulnerabilidad" y que haya una "contratación efectiva de profesionales para asistir la larga lista de espera para atención psicológica de mujeres en estado de riesgo".
En abril de 2014 fue sancionada en la Legislatura bonaerense la ley 14.592, a través de la cual se declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación del inmueble de la Casita Azul. Sin embargo, el paso del tiempo no arrojó avances.
La última novedad a la que se había tenido acceso, deba cuenta que el expediente se encontraba en la Subsecretaría de Género y Diversidad Sexual, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. En noviembre de 2016 había sido girado al Ministerio de Economía con el objeto de obtener la partida presupuestaria específica para afrontar el gasto de la expropiación, pero, a la fecha, no se concretó.
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