Crisis del transporte: aval legal del municipio para declarar la emergencia y prorrogar el contrato
Por Carlos Walker
Con el proyecto de ordenanza del nuevo pliego de licitación que naufragó en la comisión de Legislación del cuerpo legislativo, un pedido de aumento de boleto y una solicitud de prórroga del actual contrato por tres años, el Concejo Deliberante define a contrarreloj el futuro del transporte público de pasajeros en el distrito de General Pueyrredon. Mientras tanto, crece la incertidumbre de los miles de marplatenses que utilizan el servicio.
En la última reunión de la comisión de Movilidad Urbana, se propuso solicitarle a la Subsecretaría Legal y Técnica del municipio una batería de informes sobre la posibilidad de prorrogar el contrato y declarar la emergencia del servicio.
En las últimas horas, el gobierno de Guillermo Montenegro envió las respuestas al HCD ante las requisitorias de los concejales. El Marplatense tuvo acceso a la documentación oficial.
PRÓRROGA
Con respecto a la posibilidad de otorgar la prórroga del servicio por tres años, el subsecretario de Legal, Técnico y Administrativo del municipio, Mauro Martinelli, detalló que “mediante el decreto municipal 927/2019 se estableció la continuidad del servicio (que había expirado en fecha 19 de junio de 2019) por un plazo de dos años por lo que tal deber ha de ser observado por las empresas prestadoras hasta el 19 de junio de 2021”.
Ante el pedido de prórroga solicitado por la Cametap, el funcionario de Guillermo Montenegro indicó que “con respecto a la figura a la que alude la entidad peticionante se halla efectivamente prevista por la normativa de aplicación, conformada por el pliego de Bases y Condiciones aprobado por ordenanza 16.789. Su artículo establece la potestad, no el deber, del Departamento Ejecutivo, de acudir a tal herramienta por única vez y por el termino de tres años, requiriendo para ello el acuerdo del Honorable Concejo Deliberante”.
A renglón seguido, el Dr. Martinelli aclaró que “no obstante exige para tal fin comunicar en forma fehaciente tal voluntad de las concesionarias con una antelación de 6 meses a la finalización de los respectivos contratos, recaudo éste que –naturalmente- resulta de cumplimiento imposible, toda vez que, que los mismos expiraron en junio del 2019. De lo expuesto surge la improcedencia de lo peticionado por la entidad solicitante”.
Sin embargo, el subsecretario de Legal, Técnico y Administrativo del municipio consideró que “no existe normativa legal que se oponga” a la posibilidad de disponer de “la continuidad del servicio con una cláusula que establezca como límite adicional la adjudicación” en el marco de una nueva licitación.
“La normativa que vincula al municipio de General Pueyrredon con las empresas concesionarias del servicio público del transporte urbano de colectivo de pasajeros vence el 21 de junio de 2021 y en atención a que se encuentra en discusión un pliego de licitación para la concesión del SITU, y que se requiere de un plazo suficiente para concluir el debate, se autorice y licite es que resulta razonable continuar con el mismo por un período de tiempo determinado con una cláusula que establezca como límite adicional la adjudicación, lo que suceda primero”, afirmó el letrado.
Y detalló que “el artículo 5 de la ordenanza 16789 es claro cuando establece que la Municipalidad puede requerir a las empresas concesionarias que continúen con la prestación del servicio ‘una vez vencido el término de la concesión o producida la expiración anticipada de la relación contractual conforme a las estipulaciones de este pliego’ y que éstos están obligados a hacerlo”.
“En el mismo artículo se establece un límite temporal de hasta dos años resultando razonable establecer una cláusula que fije, como límite adicional la adjudicación, lo que suceda primero”, indicó Martinelli.
PEDIDO DE EMERGENCIA
Tal como adelantó El Marplatense, la declaración de emergencia fue solicitada por la Cámara Marplatense de Empresas del Transporte Automotor de Pasajeros (Cametap) a través de una nota presentada el 14 de abril en el cuerpo deliberativo.
En la documentación, al cual este portal de noticias tuvo acceso, el subsecretario de Legal, Técnico y Administrativo del municipio consideró que “corresponde ratifica que el servicio es un servicio público, con las características esenciales de cualquier servicio así calificado, a saber: generalidad, uniformidad, regularidad y continuidad”.
“Podemos indicar que independientemente de la declaración propuesta, resulta a todos luces evidentes que dicho servicio esencial, como es el de transporte de pasajeros, desde marzo de 2020 vio modificados los factores que inciden en su normal prestación en la relación a la situación prepandemia”, indicó el funcionario de Guillermo Montenegro.
Además, sostuvo que “estos factores derivan en su totalidad de la pandemia declarada y están dados por las limitaciones a la circulación, la prohibición de usar el transporte público exclusivamente con personal cuyas tareas hayan sido declaradas esenciales y las limitaciones horarias para la circulación entre otros; todo ello alteró la prestación del servicio en las condiciones previstas contractualmente, sin perjuicio de lo cual las empresas concesionarias continúan con su prestación”.
“El servicio se encuentra afectado por la pandemia Covid-19 en todos sus componentes, donde se registra una caída de pasajeros promedio del 70 por ciento, una disminución de subsidios del orden del 30 por ciento y un aumento de costos todos ello en el último año calendario. Es por ello que no caben dudas que el servicio está en emergencia, no existiendo ningún tipo de impedimento legal para que el Honorable Concejo Deliberante la declare”, sentenció el Dr. Martinelli.
