Denunciaron penalmente a transportistas escolares por irregularidades
La Dirección General de Cultura y Educación bonaerense presentó en las últimas horas una denuncia penal contra transportistas escolares en General Pueyrredon al detectar diversas irregularidades en la prestación del servicio, después de los resultados que arrojaron las auditorías e investigaciones realizadas en el marco de la intervención que se dispuso en el Consejo Escolar.
La presentación judicial, que también tuvo lugar en los distritos de Lincoln y Roque Pérez, es por los delitos de Defraudación en Perjuicio de la Administración Pública y Asociación Ilícita. Según informaron fuentes oficiales, el análisis sobre los documentos de rendición de órdenes de pago y sus anexos complementarios "revelaron irregularidades en la prestación del servicio, lo que se constituye en un claro incumplimiento a lo establecido por el Reglamento de Contrataciones".
La Provincia constató la articulación de acciones tendientes al ocultamiento de un monopolio en la prestación del servicio, lo que podría implicar además un intento de evasión fiscal en términos de reducción de la carga impositiva.
En ese sentido, se detectó la existencia de contratos con transportistas que poseen como apoderados a una misma persona, donde especifican la misma flota de vehículos e inclusive con los mismos choferes. También se encontraron facturas confeccionadas con una tipografía similar caligráfica.
En el caso de Mar del Plata, se comprobó que las empresas "no cumplían lo establecido por las obligaciones contractuales". "No se realizaban la totalidad de los recorridos o se efectuaban con menos vehículos que los estipulados", afirmaron desde el Gobierno bonaerense, y ejemplificaron: "En General Pueyrredón se auditaron 31 recorridos, que por contrato se debían realizar con 43 vehículos para transportar 1.304 alumnos. Se constató que solamente se efectuaban 15 recorridos con 17 vehículos, transportando 689 alumnos".
Esta presentación ante la Justicia, se produce en la marco de una política de regularización de todas las situaciones administrativas y los procesos de contratación para la compra de bienes y servicios, de acuerdo a las necesidades de la comunidad educativa y en pos de mejorar la calidad de la enseñanza en las escuelas, según fundamentaron desde la dirección que conduce Gabriel Sánchez Sinny.
