Con el objetivo de promover las investigaciones conjuntas entre el fuero federal y provincial en materia de narcocriminalidad, este jueves se reunieron en la sede del Colegio de Abogados de Mar del Plata representantes tanto de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) como de la administración de justicia; las fuerzas de seguridad y las áreas de Seguridad tanto de Nación y Provincia.

Durante la jornada, coincidieron en la necesidad de avanzar en investigaciones patrimoniales de las organizaciones criminales y en la recuperación de bienes.

De la apertura, que estuvo coordinada por el fiscal a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad Diego Iglesias, participaron el coordinador de Proyectos de la UNODC para la Región Andina y el Cono Sur Luis Ignacio García Sigman; el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, Alejandro Tazza; el secretario de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada Martin Verrier; y el fiscal general ante la Cámara, Daniel Adler.

García Sigman explicó que la actividad se enmarcó en el Programa de Control de Sustancias Químicas y Desvío de Precursores, que cuenta con el respaldo de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos e Implementación de la Ley de la Embajada de Estados Unidos, y está orientado a “apoyar la institucionalidad nacional para fortalecer sus capacidades”.

En ese sentido, detalló los ejes centrales del programa: la restricción de la oferta ilícita de drogas, con énfasis en drogas sintéticas y nuevas sustancias psicoactivas; la prevención y persecución penal del desvío de precursores químicos; contrarrestar el narcotráfico en internet, tanto en su plano superficial como en la internet oscura; y también identificar, investigar y perseguir penalmente la corrupción asociada al narcotráfico.

Indicó que el rediseño del plan de trabajo encarado este año, ante la escucha de las necesidades de sus principales contrapartes, los llevó a incorporar un nuevo componente: la investigación criminal.

En ese marco, destacó el encuentro en Mar del Plata como una primera actividad en pos de apoyar la construcción de redes y fortalecer las redes preexistentes para potenciar la investigación y persecución penal de la narcocriminalidad y los delitos conexos.

Durante la jornada se trazaron algunos puntos de acuerdo vinculados a la necesidad de contar con todos los recursos del Estado para abordar el fenómeno desde los niveles de gobierno local, provincial y nacional; la preocupación por las drogas sintéticas en las fiestas electrónicas; la necesidad de atacar las ganancias de las organizaciones criminales investigando en forma paralela el narcotráfico con el lavado de activos; la importancia de promover el decomiso de bienes; los buenos resultados de investigaciones conjuntas y coordinadas entre fiscales provinciales y federales; y la utilización de criterios normativos de imputación para delitos complejos.

En el inicio de la jornada, el juez Tazza celebró el encuentro y señaló: “la acción coordinada de las instituciones política judiciales tiene que ser y deberá ser efectiva para a lucha de lo que hoy se conoce como criminalidad organizada”. Además, alentó la capacitación de los agentes que deben intervenir para la prevención y represión de estas conductas delictivas y añadió: “la narcocriminalidad, el blanqueo de capitales, el lavado de dinero, la trata de personas y la migración ilegal tienen un fuerte componente económico que es el que de alguna manera los estados tratan en la actualidad de identificar, de retener y de desbaratar”.

A su turno, el fiscal Adler consideró: “hay ciertas contradicciones culturales como por ejemplo habilitar desde el Estado las fiestas electrónicas, en las cuales todos sabemos -hay literatura amplísima sobre la cuestión- que va de la mano del consumo de drogas sintéticas, entre las cuales se encuentra el fentanilo, siendo una preocupación -expresada en este programa- la gran cantidad de personas muertas por esta sustancia”, advirtió.

Durante la jornada, se coincidió en la necesidad de avanzar en investigaciones patrimoniales de las organizaciones criminales y en la recuperación de bienes.

El secretario de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada Verrier describió a la situación actual como “muy compleja” en el país y la región: “Argentina tiene que resistir esta ola, a partir de acciones concretas”. Y adelantó que se viene trabajando “en algunos cambios normativos” vinculados a la creación de la primera Unidad Antimafia en Argentina y una potencial modificación de la figura de la asociación ilícita. Ponderó también la investigación del lavado de activos para la desarticulación de las organizaciones narcocriminales. “Es esencial que avancemos en ese sentido: que en las causas de narcotráfico iniciemos también causas por lavado. Desde nuestro lado, tenemos que avanzar en la capacitación de nuestras fuerzas en materia de investigación de lavado de activos porque es una deuda, y está nuestro compromiso con eso”, sostuvo.

El cierre de la apertura fue encabezado por el fiscal Iglesias, quien celebró que estén allí presentes los actores que de alguna manera van a interferir en la operatividad de las organizaciones narcocriminales: “Para lograr eso, tenemos que articularnos. Están las fuerzas de seguridad, que por lo menos en lo que implica a este abordaje deben ser fuerzas de investigación; estamos los fiscales en vísperas de una eventual aplicación del sistema acusatorio, y los jueces que también forman parte del escenario en el cual tenemos que dar una respuesta. Si queremos luchar contra el crimen organizado, tenemos que organizarnos”, sostuvo el titular de la PROCUNAR.

Todos los paneles

Bajo la moderación de la fiscal subrogante de Azul María José Buglione, se llevó adelante el panel “Investigación de la narcocriminalidad en la órbita de las fuerzas de seguridad y policiales federales, cuerpos policiales provinciales y Aduanas. Situación en la jurisdicción y desafíos para optimizar la capacidad de respuesta”. Estuvo integrado por Sebastián Fernández Ciatti, subsecretario de Planificación e Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires; Mauricio Jáuregui, a cargo de la División Pampeana en el área de Investigación del narcotráfico de la Dirección General de Aduana/AFIP; y el Prefecto General Juan Carlos Ramírez, director de Inteligencia Criminal e Investigaciones de la Prefectura Naval Argentina.

Luego, se desarrolló el panel “Tendencias actuales en materia de Narcocriminalidad. Coordinación de investigaciones entre Ministerios Públicos (Ley 27.502)”, en el que expusieron la fiscal Laura Mazzaferri a cargo de la Fiscalía Federal N°1 de Mar del Plata; la fiscal coadyuvante de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) Patricia Cisnero; y el fiscal a cargo de la UFIEJ Estupefacientes de Mar del Plata Leandro Favaro, con la coordinación del juez federal de Necochea, Bernardo Bibel.

Por último, y con la coordinación del fiscal federal de Dolores Juan Pablo Curi, tuvo lugar el panel “El fenómeno de la narcocriminalidad en la región. Investigaciones patrimoniales”, en el que expusieron el juez del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata Roberto Falcone; el juez federal Santiago Inchausti; el fiscal federal Santiago Eyherabide; y el secretario de Política Criminal del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires Francisco Pont Verges.

Sobre el final de la jornada, en el espacio abierto a consultas y reflexiones, el juez Falcone defendió la desfederalización de delito de narcocriminalidad. “Qué haría la Justicia federal si la Justicia provincial no se hubiese ocupado del tráfico de estupefacientes, que no es el tráfico menor. Porque la provincia no sólo se ocupa de los delitos de droga por venta al menudeo, sino que la Justicia de la provincia de Buenos Aires se ocupa muchas veces de la realización de los primeros actos de investigación, de los actos urgentes de instrucción en delitos federales, asegurando los secuestros y los medios probatorios. Esto es fundamental”, sostuvo, postura que fue compartida por los participantes de la jornada.