El oficialismo logró la adhesión de Mar del Plata al pacto fiscal
El oficialismo, con el apoyo del bloque de 1 País, logró sin sobresaltos la aprobación de la ley para adherir a Mar del Plata al Régimen de Responsabilidad Fiscal impulsado por el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, en el marco de una sesión especial en el Concejo Deliberante realizado este viernes. En tanto, Acción Marplatense y Unidad Ciudadana rechazaron el expediente.
El objetivo del Gobierno municipal es la recepción de fondos provinciales y nacionales, en concepto de ayudas financieras extraordinarias para hacer frente a obras y también otras obligaciones como el pago de sueldos. Para esa finalidad, el intendente Carlos Arroyo deberá cumplir diversos requisitos en su gestión en cuanto a los recursos y gastos del Ejecutivo.
Con respecto a la importancia de esta adhesión, el intendente había determinado que se apruebe por decreto a través de la presidencia del Concejo Deliberante. La medida no prosperó ante las críticas y se decidió dar marcha atrás y acelerar el debate legislativo. Acto seguido, se conformaron comisiones, tras 45 días, y se discutió el expediente en Hacienda y Legislación, con ambos despachos favorables.
Este viernes, a horas de la sesión, el jefe comunal tildó de “fundamental” y que “no hay otra salida” que darle luz verde a la presentación de Cambiemos debido a la implicancia del ingreso de estos recursos para Mar del Plata.
Por el Pacto Fiscal, la ciudad recibirá más de 100 millones, afirmaron a fin de año legisladores marplatenses a este medio.
La adhesión de la Provincia al Consenso Fiscal, firmado con la Nación el 16 de noviembre del año pasado, fue ratificado por la Legislatura bonaerense el 27 de diciembre. El acuerdo permitirá el ingreso de $65.000 millones en dos años a las arcas bonaerenses en concepto de coparticipación federal.
Este pacto fue suscrito por 23 de los 24 gobernadores del país (exceptuando a San Luis), e implicó que se retiraran todas las demandas judiciales que estas jurisdicciones tuvieran contra el Gobierno nacional en torno a los recursos coparticipables.
De esta manera, fue eliminado también el tope del Fondo del Conurbano, que limitaba el dinero que recibía la Provincia de Buenos Aires, lo que permitió recuperar unos $300.000 millones por el retroactivo de los recursos no recibidos en los últimos años.
Al adherir a este pacto, todas las jurisdicciones se comprometieron, entre otros puntos, a reducir impuestos como Ingresos Brutos y Sellos, lo que significará un recorte equivalente al 1,5% del PBI en los próximos 5 años; mantener el gasto constante en términos reales; hacer converger las valuaciones fiscales de los inmuebles con las valuaciones de mercado; y aplicar una ley de responsabilidad fiscal en los municipios de cada una de las jurisdicciones.
Este último ítem fue especialmente polémico en algunas comunas bonaerenses, ya que implica un mayor control de las cuentas municipales por parte del Ejecutivo provincial, por lo que al menos 15 distritos opositores no adhirieron.
