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Lavado Total: desprocesan a imputados y les devuelven los vehículos

Así lo resolvió en los últimos días la Cámara de Apelaciones, que dio marcha atrás a los dictámenes que resolvió el juez federal Santiago Inchausti. La medida recae sobre 22 personas de la comunidad zíngara que conforman un grupo dentro de la megacausa, en la que se investiga el accionar de una banda que presuntamente lavaba dinero surgido del narcotráfico

Por Redaccion

viernes 23 de marzo, 2018

La Justicia resolvió en los últimos días dar marcha atrás a los procedimientos que había dictado el juez Santiago Inchausti sobre un grupo de 22 personas de la comunidad zíngara, en el marco de la megacausa conocida como “Lavado Total” en la que se investiga el presunto lavado de dinero surgido del narcotráfico, y también revocó el decomiso de vehículos para que se proceda con su devolución a los imputados.

Raúl Ruiz, uno de los abogados defensores, le explicó a El Marplatense que la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata dio lugar a este dictamen al entender que había “falta de mérito” sobre las personas procesadas. “La falta de mérito es una resolución que establece que no hay mérito para sobreseerlo pero tampoco para procesarlos y que queden involucrados en una situación a mitad de camino“, aclaró.

Asimismo, el letrado dijo que, en forma paralela, los jueces accedieron al pedido para que se determine la “entrega de los vehículos” a algunos de los imputados involucrados, en forma de “depósito provisorio”. “Son dos resoluciones en la misma causa, pero de manera separada”, indicó.

En cuanto a los pasos a seguir, Ruiz dijo que el Ministerio Público Fiscal tiene la posibilidad de apelar esta sentencia, cuyo recurso deberá ser analizado a posteriori por el Tribunal de Casación. “Y paralelamente vamos a ver si el cumple lo ordenado por la cámara en cuanto a la entrega de lo vehículos“, afirmó.

A partir de la labor investigativa de la Justicia Federal, el abogado aclaró que hay “dos grupos de personas” con presuntas implicancias que resultan distintas, en marco de las actividades ilícitas de la que se los acusa.
“Un grupo que no es de la comunidad gitana que estaría involucrado en el trafico de droga, y otro grupo que seria de la comunidad gitana que, según el juez, usaría la ganancia del trafico de estupefacientes para el lavado y la venta de rodados”, recordó.

Sin embargo, Ruiz cuestionó esta línea investigativa, por la falta de elementos para dar sustento a esta hipótesis. “No hubo nada documentando ni vinculación al lavado o el narcotráfico. Me animaría a decir que en el 95 por ciento de los casos involucrados, a nadie se le secuestró droga y a todos los vehículos se les secuestró la documentación, si bien no estaban a nombre de ellos”, graficó.

En este sentido, el abogado también remarcó que la compra y venta de vehículos que caracteriza a la comunidad gitana es una actividad “conocida por todos”. “Es una actividad informal que llevó, lleva y va a llevar la comunidad gitana. Pero eso no quiere decir que los fondos provengan del lavado o cuestiones ilícitas. Esto viene de generación en generación, y el juez esto lo desconoce totalmente”, insistió, y agregó: “Esta causa apareció como una super causa, parecía que se había descubierto hechos inéditos, y a pesar de que llevamos mas de un año y medio, estamos en la misma”.

Ante ello, Ruiz dijo que se presentó una denuncia ante el Consejo de la Magistratura por el accionar del juez federal Santiago Inchausti, al acusar “hechos abusivos, destrato a los profesionales, abuso de autoridad, prevaricato, y un montón de situaciones que han llevado a esta situación”.

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