Los municipales califican como "inaceptable" la nueva oferta salarial
El Secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales (STM), Antonio Gilardi, calificó este jueves como "inaceptable" el nuevo ofrecimiento de incremento salarial que hizo el Gobierno Carlos Arroyo para aumentar los haberes un 32 por ciento en todo el año.
Bajo esa tesitura, el dirigente aseguró que las medidas de fuerza persistirán hasta el jueves 27 de diciembre, fecha en la que el Ministerio de Trabajo convocó a una audiencia conciliatoria entre las partes, y también advirtió que si en ese encuentro se lleva "exactamente la misma propuesta" tampoco cesará el conflicto.
"Cada vez cambian los números, cada vez cambian la modalidad, pero la propuesta sigue siendo absolutamente la misma. Es inaceptable la propuesta", sentenció el máximo responsable de la organización sindical, en declaraciones a El Marplatense.
Gilardi reconoció que el sindicato ha mantenido "conflictos con todos los intendentes anteriores" pero remarcó que la diferencia con la gestión de Carlos Arroyo es que "antes se sabían buscar las vías de consenso para solucionar el problema". "Nosotros nunca quisimos el conflicto", aclaró.
AMENAZA DE DENUNCIA CONTRA EL EJECUTIVO
En el marco de la movilización que se gestó este jueves por la mañana frente al Palacio Comunal, el titular del STM cuestionó el reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia bonaerense que suspendió la ordenanza que había sido aprobada por insistencia por el Concejo Deliberane, con la que se le restituía a los docentes municipales la bonificación que percibían desde hace 30 años. "Es una cuestión caprichosa", consideró.
Pese a este revés judicial, el dirigente les pidió a los maestros que estén "atentos y vigilantes" y se mostró expectante de que, más allá de esta medida cautelar, el máximo tribunal de Justicia bonaerense "termine actuando como debería" en el caso.
Gilardi anticipó que desde su sindicato se buscará impulsar una denuncia contra el Intendente Carlos Arroyo y los funcionarios de su gabinete que firmaron el decreto que retiró la bonificación, al asegurar que hay una violación a la ley que deriva en un "incumplimiento de los deberes de funcionario público".
