El municipio continúa batallando contra Uber y, durante este fin de semana, secuestró seis vehículos que funcionaban en Mar del Plata mediante la aplicación. De acuerdo a lo informado por las autoridades, todos los choferes provenían de diferentes ciudades del Conurbano bonaerense. 

Según publicó en su cuenta de Twitter la Subsecretaría de Transporte y Tránsito de la comuna, a cargo de Claudio Cambareri, los rodados fueron detectados durante los controles rutinarios y, al constatar que no estaban habilitados por el municipio como transporte público, se procedió al secuestro de los seis autos. Los últimos tres fueron interceptados en las inmediaciones de la Estación Ferroautomotora. 

Desde la subsecretaría se informó que ninguno de los choferes es oriundo de Mar del Plata, sino que todos proceden del Conurbano bonaerense. Uno de ellos llegó desde Monte Grande, otro de Lomas de Zamora, un tercero, de Ramos Mejía, una conductora es vecina de Lanús, mientras que no se especificó de qué localidad eran originarios los dos restantes.

La nueva ordenanza -que aprobó el Concejo Deliberante el jueves pasado y que endurece las sanciones contra todos aquellos que ejerzan el transporte ilegal en la ciudad- fue promulgada por el Ejecutivo este viernes, por lo que los dueños de los vehículos deberán abonar cifras de 6 dígitos antes de retirar sus rodados del playón municipal.

La reglamentación que se aplicará en estos casos, impulsada por el Intendente Carlos Arroyo, establece cuantiosas multas ante “la sola prestación del servicio de transporte de personas con vehículo sin habilitación municipal” que irán desde los 10 hasta los 50 sueldos mínimos del personal municipal, lo que representa montos entre los $154200 hasta $771000. 

Además, estable el inmediato secuestro del vehículo y la inhabilitación por 180 días hábiles para conducir automotores. En caso de reincidir, las multas e inhabilitaciones se endurecerán aún más, llegando hasta cifras que rozan el millón de pesos y a 360 días la prohibición de manejar.

Las sanciones afectarán tanto a los conductores como a los titulares de los transportes ilegales que sean detectados. La ordenanza también establece, específicamente, que los contratos acordados entre un usuario del servicio ilegal de transporte y transportista mediante una plataforma o aplicación digital también serán ilegales.

Para quienes ofrezcan o publiciten estos medios de transporte que no cuenten con habilitación municipal -como el caso de las empresas Uber y Cabify- se prevén multas aún más importantes: llegan hasta los 80 sueldos básicos, es decir, un millón doscientos mil pesos.