El municipio continúa firme en su batalla declarada contra Uber y este domingo a la madrugada secuestró el vehículo número 50 que funcionaban en Mar del Plata mediante esa aplicación.

Según informó la Subsecretaría de Transporte y Tránsito de la comuna, a cargo de Claudio Cambareri, el último rodado fue detectado durante un control rutinario en Rodríguez Peña y la costa.  El vehículo, un Fiat Palio negro, era conducido por un hombre que no vive en la ciudad. Al constatar que no estaba habilitado por el municipio como transporte público, se procedió al secuestro del auto.

Este sábado por la noche, el personal municipal de Tránsito había secuestrado otro rodado, cuyo chofer -oriundo de la localidad bonaerense de San Vicente- quiso darse a la fuga. El hecho ocurrió en Belgrano y La Rioja y, debido a la brusca maniobra del conductor, el pasajero cayó de la unidad cuando se estaba bajando y debió recibir atención médica.

La nueva ordenanza -que aprobó el Concejo Deliberante el jueves pasado y que endurece las sanciones contra todos aquellos que ejerzan el transporte ilegal en la ciudad- fue promulgada por el Ejecutivo hace 15 días, por lo que los dueños de los vehículos deberán abonar cifras de 6 dígitos antes de retirar sus rodados del playón municipal.

La reglamentación que se aplicará en estos casos, impulsada por el Intendente Carlos Arroyo, establece cuantiosas multas ante “la sola prestación del servicio de transporte de personas con vehículo sin habilitación municipal” que irán desde los 10 hasta los 50 sueldos mínimos del personal municipal, lo que representa montos entre los $154200 hasta $771000.

Además, estable el inmediato secuestro del vehículo y la inhabilitación por 180 días hábiles para conducir automotores. En caso de reincidir, las multas e inhabilitaciones se endurecerán aún más, llegando hasta cifras que rozan el millón de pesos y a 360 días la prohibición de manejar.

Las sanciones afectarán tanto a los conductores como a los titulares de los transportes ilegales que sean detectados. La ordenanza también establece, específicamente, que los contratos acordados entre un usuario del servicio ilegal de transporte y transportista mediante una plataforma o aplicación digital también serán ilegales.

Para quienes ofrezcan o publiciten estos medios de transporte que no cuenten con habilitación municipal -como el caso de las empresas Uber y Cabify- se prevén multas aún más importantes: llegan hasta los 80 sueldos básicos, es decir, un millón doscientos mil pesos.