San Antonino: a un año de la tragedia, no hay avances en la Justicia

En la investigación que intenta esclarecer el naufragio de la lancha marplatense, hoy emergen con la misma fuerza los interrogantes que sobrevolaron al Puerto en la fatídica madrugada del 1 de septiembre de 2016, cuando seis hombres perdieron la vida. El dolor de los familiares, el reclamo de los gremios, y el curso de la causa en los próximos meses.

Por Redacción

viernes 1 de septiembre, 2017

A un año de lo que fue la tragedia en alta mar del San Antonino, la causa que busca esclarecer el hundimiento sólo se confunde en una marea revuelta de dudas y pocas certezas, y de la que emergen con la misma fuerza los interrogantes que sobrevolaron al Puerto de Mar del Plata después de aquella fatídica madrugada del 1 de septiembre de 2016 en la que seis hombres perdieron la vida.

Saber por qué no se abrió el artefacto de la balsa salvavidas que estaba en la lancha marplatense de 16 metros de eslora. Saber por qué se produjo el naufragio a más de diez millas náuticas de la costa, a la altura del faro de Punta Mogotes, tan sólo dos horas de haber zarpado, cuando las condiciones del clima y el mar eran favorables. Saber cómo uno de los marineros llegó a ocupar la embarcación sin estar enrolado en la lista que se entregó a Prefectura Naval. Es lo que aún hoy, sin éxito, y con titubeos, busca la Justicia Federal.

Altas fuentes judiciales le brindaron a El Marplatense acceso a los pormenores de la causa que instruye el fiscal federal Nicolás Czizik, y que está a cargo del juez Santiago Inchausti. Y en una primera instancia, ante la nula aparición de avances concretos con el paso de los meses, lo que se remarca son las dificultades y la falta de elementos para descartar supuestos y dar curso a alguna de las hipótesis que se desprenden. “No son tiempos irrazonables los de esta investigación”, aseguran.

Lo que también garantizan es la “intensa” labor que llevó adelante el Ministerio Público Fiscal a partir de la toma de conocimiento del hecho, para intentar dar con resultados desde un principio. En el mismo día del naufragio, por ejemplo, se materializaron cuatro allanamientos y otra inspección en la sede de Prefectura.

En el expediente, figuran también más de 30 declaraciones testimoniales, que fueron tomadas en el transcurso de la investigación a familiares de las víctimas del San Antonino, tripulantes, dirigentes sindicales y otras autoridades de la Armada Argentina.

Uno de los elementos en los que decidió tomar intervención la Justicia fue con las cintas de comunicación de la tripulación de la lancha en la trágica madrugada, cuyo secuestro se dictaminó en forma inmediata. Entre las pocas certezas de la causa, lo que ratifica una de las primeras escuchas es que el naufragio era “inminente”.

Sin embargo, a la hora de profundizar sobre los causales de hundimiento, la letra chica se pone más difusa. Las principales presunciones, según sostiene la fiscalía federal, dan cuenta de un desperfecto en la sala de máquinas del San Antonino, que estaría vinculado a un cortocircuito o una avería de magnitud producida, en este caso, por el “ingreso de una gran cantidad de agua en un corto período de tiempo”.

La decena de inmersiones que realizó durante dos semanas el equipo de buzos tácticos tampoco aportó mayores novedades en este sentido. Según se explica, el casco de la lancha estaba “dado vuelta” y “absolutamente destruido”, y ante la escasa visibilidad que había en los 20 metros de profundidad sobre los que yace la embarcación y los propios riesgos que implican esta clase de inspecciones, los registros fílmicos que se obtuvieron no tuvieron mayor valor para la causa, e impidieron constatar si la lancha tenía problemas estructurales, tal como denunciaron familiares en diversas oportunidades.

Los salvavidas del pesquero aparecen como otro de los focos de la investigación de la Justicia Federal. Si bien las familias de las víctimas habían asegurado que la balsa estaba vencida cuando el San Antonino naufragó, los informes realizados por los peritos intervinientes desmienten esa información.

Y es esta última certeza la que enciende aún más interrogantes a partir del nulo funcionamiento que mostró el artefacto cuando se hundía la embarcación. Si bien sólo existen conjeturas preliminares, las fuentes consultadas confían en que la balsa se habría accionado en forma manual – es decir, por los mismos marineros – y no automática. Pero ninguna hipótesis logra entender qué fue lo que pasó en esos trágicos minutos en alta mar.

La Justicia Federal tampoco logra determinar responsabilidades sobre las inspecciones que recaen sobre las lanchas amarillas, previo a sus salidas a alta mar. Gonzalo Godoy era el sexto hombre que estaba a bordo de la embarcación, cuando, en los papeles, Prefectura sólo tenía conocimiento de cinco marineros dentro de la embarcación.

Distintas versiones testimoniales que fueron incluidas en la causa dicen reconocer que esos controles no son “permanentes” en estas embarcaciones. Y así, sin pasos firmes, las autoridades judiciales intentan verificar la rigurosidad de los operativos que deberían enmarcarse para tales circunstancias.

“NUNCA TUVIMOS AYUDA Y NADIE SE COMUNICÓ CON NOSOTROS”

Pero la espera por novedades agota a los familiares. Sin acceso a la causa y sin respuesta alguna por parte del Gobierno ante los petitorios de asistencia, se renueva su reclamo en busca de Justicia. En busca, también, de evitar nuevas muertes. Porque saben que los meses pasan y los cambios que se prometen nunca se materializan. Porque saben que, en un año, ya hubo cuatro naufragios, con un saldo de 16 víctimas fatales.

“No hemos tenido ningún tipo de ayuda y nunca nadie se comunicó con nosotros. Yo al gobierno lo único que le pido es que nos de una asistencia legal pero la verdad es que no tenemos respuesta de ningún lado”, le expresó a este medio Ángel Pardo, hermano de uno de los seis tripulantes del San Antonino.

En esa línea, el familiar del desaparecido Pablo Pardo manifestó su “dolor y tristeza” pero también enfatizó en la “impotencia que genera que la Justicia lamentablemente no ayude en nada y no permita ver la casa”. “Somos familiares directos y tendríamos que poder verla como querellantes, y las dos veces que no nos permitieron acceder”, aseveró.

“Cuando hay muchas irregularidades de por medio, pienso que el poder económico manda mucho. Lamentablemente nosotros tenemos plata, y en este país predomina la plata siempre”, consideró.

Al puntualizar sobre la investigación que está en manos de la Justicia Federal, Pardo cuestionó las escasas certezas y remarcó que la “estructura del barco no estaba en condiciones como par navegar”. “Era viejísimo, le faltaban compartimentos y tenía un par de tablas flojas. El barco dos semanas antes tuvo algunos problemas en Berisso, y el dueño del barco los hacia subir igual”, advirtió.

“Los marineros tienen que tomar un poco consciencia también. Ya lo dije una vez: es preferible que falte el plato de comida en la mesa y que no le falten toda la vida a los padres, a su esposa, a sus hijos, porque es muy triste todo esto”, sostuvo.

En este marco, el hermano del engrasador del San Antonino recordó la convocatoria para la movilización prevista para este viernes a las 10, en las puertas del Juzgado Federal Nª3, ubicado en Bolívar y Viamonte, con la que se busca darle nueva visibilización a la causa.

“Estamos pidiendo el apoyo y la solidaridad de toda la gente de Mar del Plata, porque lo que nos pasó le pudo pasar a otros, y sigue pasando”, dijo, y apuntó: “Queremos que la caratula de la causa sea por asociación ilícita, porque están involucrados los principales empresarios y Prefectura”.

En el naufragio de la lancha marplatense, perdieron la vida los marineros Sergio Juárez, Carlos Campos y Gonzalo Godoy. No fueron encontrados los cuerpos del patrón del pesquero, Claudio Zerboni, ni de Alejandro Ricardenez y Pablo Pardo, quienes completaban la tripulación.

Fue el 12 de septiembre de 2016 cuando la Armada Argentina decidió dar por finalizada la búsqueda de los tres desaparecidos, al entender que se “habían agotado las expectativas de vida”, según le había explicado a este medio el vocero de la fuerza, Rodolfo Ramallo.

GREMIOS SOLICITAN CELERIDAD EN LA JUSTICIA

El hundimiento del San Antonino permitió profundizar en aquel septiembre de 2016 la preocupación por la seguridad y reflotó los cuestionamientos por el estado de la flota. A un año de la tragedia, los pedidos de los referentes gremiales no cambian e insisten con la necesidad de una Justicia “más expeditiva”.

“Debemos cambiar todos los sistemas de controles o usar con mayor profundidad los que están previstos para estos siniestros, que están a cargo del capitán del embarcación y dele jefe de máquina”, consideró Pablo Trueba, titular de Simape, que agregó: “La seguridad empieza por nosotros mismos. Más allá de todas las hipótesis, eso no quita nada y no hay que olvidarse que trabajamos en un hábitat muy peligroso”.

En diálogo con El Marplatense, el dirigente instó a trabajar muy fuertemente en los sistemas de seguridad tanto sea a bordo como en un abandono”. “Eso es lo que estamos trabajando los gremios y tratando de llegar al Secretario de Seguridad de la Nación (NdeR: Eugenio Burzaco) para que se implementen medidas no sólo precautorias, sino que nos dejen conformes todos”.

Al puntualizar sobre el rol de la Justicia Federal en la investigación del naufragio, el principal referente Sindicato Marítimo de Pescadores remarcó que “debe avanzar para determinar las responsabilidades y dar las cuentas”. “Los familiares no han tenido respuesta: lo que necesitamos es una Justicia más rápida y expeditiva”, sostuvo.

En sintonía, el Secretario General de Capitanes de Pesca, Jorge Frías, señaló que el hundimiento de la lancha fue un “caso más en los que se perdieron compañeros, en los que pasó el tiempo y claramente hubo respuestas y no llegó la Justicia”.

“No hay que quedarse tampoco con la coyuntura de resolver un caso puntual; acá estamos trabajando para solucionar la cuestión de fondo porque sostenemos que hay que revisar toda la legislación marítima, que debe ser actualizada”, indicó.

Para el dirigente portuario, si se actualizan las leyes que alcanza a los marítimos y capitanes de la actividad pesquera “los buques van a dejer de tener la indiferencia con la que los tratan”. “Controlar la salida de un barco y en reiteradas oportunidades pedir lo mismo, no se va a poder revertir esto: Prefectura sólo cumple con la letra fría de lo que ya está escrito y es lo que sostenemos que es lo que hay que revisar”, fundamentó.

“En algunos casos, los barcos tienen entre 40 o 50 años y no se puede creer que todavía estén navegando con este tipo de embarcaciones”, advirtió, y concluyó: “El capitán no puede ser el estado físico del buque al salir. No es un ingeniero naval. El daño tiene que ser muy grosero para que se vea si no está en las condiciones óptimas de navegación”.

LA INVESTIGACIÓN, EN LOS PRÓXIMOS MESES

Desde la Justicia Federal remarcaron la labor “activa” que se tiene sobre el trámite de la causa pese a la falta de aparición de resultados concretos, e informaron que se llevarán adelante nuevas tareas periciales y de inspección para lograr avances, aunque se evitan poner plazos sobre la culminación de esas nuevas instancias.

Según explicaron las fuentes consultadas, la investigación por esta fecha está focalizada en tres ejes: no sólo saber qué fue lo qué pasó, sino cómo se realizaron las inspecciones en la embarcación de 16 metros y cuál fue el protocolo de abandono por parte de la tripulación, en los instantes de la tragedia.

Si bien no hay responsabilidades determinadas, también se aclaró que sobre los dueños del buque San Antonino recae un decreto que prohíbe su salida al país, ante los diversos requerimientos en los que los involucran las autoridades judiciales en el marco de esta etapa investigativa.

 


 

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