En las próximas horas se conocerán detalles del decreto de necesidad y urgencia firmado por el Presidente Macri para reactivar a la industria naval a partir de la renovación de la flota pesquera. Con ese objetivo el mes pasado el gobierno anunció la creación de un fondo de financiamiento de 500 millones de pesos.

El acto que encabezará el propio Presidente marcará el broche protocolar a una ronda ardua de negociaciones y que dejó al descubierto no solo las divergencias entre industriales navales y armadores pesqueros, sino la falta de decisión política del gobierno sobre el asunto.

El gobierno estuvo presionado para darle forma final al decreto porque lo corrían los plazos. Si no salía antes de este mes, tenía que pasar por el camino más sinuoso del Congreso, y su futuro era aún más incierto.

El proyecto de renovación de la flota pesquera para reactivar a la industria naval saldrá con formato de Decreto de Necesidad y Urgencia en las próximas horas. El primer borrador nació fallido por absoluta responsabilidad del subsecretario de Pesca. Juan Bosch lo presentó en sociedad de la mano del presidente Macri en la reunión de enero en Puerto Madryn.

Tan verde estaba el texto que sorprendió a algunos armadores y obligó al Presidente a devolverlo para que sea discutido entre las partes. Ese debate demandó tres reuniones conjuntas y varias más por separado en que quedó en evidencia la incomodidad de los armadores por verse obligados a reemplazar sus barcos en los próximos 20 años, sin las certezas de saber quién podría construirlo, con qué costo de financiamiento.

La antigüedad promedio de la flota es de más de 35 años, pero la mitad tiene más de 40 años. Los últimos naufragios del Repunte y el Rigel, con casi una veintena de tripulantes fallecidos y desaparecidos, puso sobre la mesa la necesidad de encarar un proceso de renovación de la flota y la incapacidad del gobierno de fijar una línea de acción.

Entre las promociones para los armadores que construyan buques en gradas nacionales el primer proyecto contemplaba una serie de beneficios ligados al poder de pesca y asignación de cuota.

Con el correr de las reuniones esos beneficios se fueron licuando ante la falta de voluntades para modificar la ley federal de pesca. También hubo presiones de armadores quienes a partir del plazo perentorio de 20 años para renovar su barco, solicitaron poder incorporar un barco usado con arancel 0, pedido rechazado de manera unánime por el sector naval.

La última reunión celebrada en el INIDEP la semana pasada dejó algunos puntos de concordia, como la conservación de incentivos para la flota costera de hasta 25 metros. Los que construyan en Argentina podrán pescar de manera adicional especies sedentarias como magrú o anchoíta.

Los armadores lograron filtrarse entre los beneficiarios para importar insumos, piezas, partes, componentes nuevas que no se fabriquen en el país, destinado a la construcción y/o reparación naval.

Pero las discusiones siguen trabadas en cuanto a la importación de barcos usados y a qué estrato de flota alcanza. Qué parámetros deben definirse para los casos de buques que no pueden construirse en el país.

Desde las cámaras armadoras ofrecen avalar que no ingresen barcos usados de menos de 35 metros de eslora, con un 14% de arancel para los nuevos. Entre 35 y 48 metros, piden un 14% de arancel para los usados y un 7% para los nuevos. Los barcos más grandes a esa eslora quedarían liberados.

Desde el sector naval piden subir a 39,90 metros los barcos que no podrían importarse usados y se aplicaría un arancel del 14% para el caso que quieran construirse nuevos. Entre esa medida y los 48 metros, solicitan que se aplique un arancel de entre el 7% y el 10% para los nuevos y el arancel del usado seria del 14% con la obligación de construir un barco en el país.

Tras la última reunión la grieta seguía abierta y todos esperan saber qué decisión tomó el gobierno cuando se conozcan detalles del decreto. Desde que circuló el primer borrador hasta hoy, desde ambos sectores han cedido posiciones para rescatarlo del naufragio. Ojalá el DNU no termine de hundirlo.

Aclaración: los conceptos vertidos de quienes opinan son absoluta responsabilidad del firmante.