Lucía Pérez: a dos años de una muerte que aún espera por certezas
A dos años de la muerte conmocionante de Lucía Pérez en Playa Serena, se puede advertir una sensación común entre las dos miradas, tan disimiles como antagónicas, que signaron los amplios parámetros de la investigación: la “ansiedad” por un veredicto que haga Justicia.
Es que a simple vista, la pesquisa que busca esclarecer cómo fueron las últimas horas con vida de la menor de 16 años, cuyo deceso no sólo alcanzó repercusión nacional sino que tuvo su correlato a nivel mundial, no parece con lugar para matices pero sí para conclusiones extremadamente contrapuestas.
Para la familia de Lucía, habrá Justicia si hay condena para Matías Farías y Juan Pablo Offidani por el salvaje abuso que habría sufrido la adolescente, así como para Alejandro Maciel, a quien se lo imputa por “encubrimiento agravado” del hecho; para los tres hombres, en cambio, habrá Justicia si la sentencia desestima la aberrante reconstrucción que realizó la fiscal María Isabel Sánchez en una primera instancia y derriba la hipótesis del ataque sexual.
Es ése el complejo escenario de definición que deberán comenzar a analizar desde el 30 de octubre los jueces Facundo Gómez Urso, Aldo Carnevale y Pablo Viñas, que integran el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1, a cargo de realizar un juicio que tendrá que llevar certezas a una causa que transitó por diferentes informes periciales contradictorios, que sembraron "un alto grado de duda" en torno a los motivos que derivaron en la muerte de la menor.
En la conferencia que había brindado a pocas horas del hecho, una fiscal Sánchez sorprendida y consternada, que confesaba no haber visto nunca "una conjunción de hechos tan aberrantes" en toda su carrera, ya concluía que Lucía había sido víctima de una “agresión sexual inhumana”, después de revelar una serie de detalles escabrosos a la prensa sobre el hecho en sí.
Pero desde la defensa de los imputados, esgrimida por María Laura Solari, se insistió en que resultaba “indeterminada” la causa de fallecimiento de la joven y la Junta Médica que realizó la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en septiembre de 2017 dio un firme respaldo a su postura: se consideró que el causal del deceso “altamente probable” sería “la congestión y edema pulmonar de causa tóxica”.
Los expertos propuestos por el máximo tribunal de Justicia bonaerense sostuvieron, en primer lugar, que las lesiones en la región anal de la menor eran “indicativas de desgarros de antigua data”, por lo que no estaban “relacionadas a prima facie al hecho actual que se investiga”.
Uno de los informes forenses previos también había incorporado la hipótesis de que la joven de 16 años habría muerto asfixiada, por sofocación, y que tendría la consciencia reducida al momento de su deceso, como consecuencia del consumo de estupefacientes. Pero para la Junta Médica, este “mecanismo resulta contradictorio dado que la distensión brusca y el consecuente reflejo se produce por dolor”, por lo que no se habría encontrado en estado de inconsciencia.
Con respecto a los planteos que hizo la fiscal sobre el reflejo vasovagal que habría provocado la muerte de la joven, los peritos aclararon que “en las autopsias se plantea este mecanismo por descarte, cuando no se halla ningún signo orientativo hacia otra causal de muerte” y aseguran que este “no es el caso en cuestión”. “Estos dos últimos mecanismos resultan incomprobables con rigor científico”, sentenciaron.
La enorme distancia de las conclusiones que sostienen las distintas partes involucradas en la causa es lo que marca el clima de este aniversario: las dos marchas convocadas para recordar a Lucía, no sólo son reflejo del dolor y la angustia que atravesó a la familia de la adolescente y que decidió acompañar gran parte de la sociedad a lo largo de estos 24 meses, sino de la amplia expectativa que se vive, de cara al inminente juicio, para determinar cuáles son las verdaderas responsabilidades del caso.
El debate oral, cabe señalar, tendrá a Fernando Berlingeri como representante del Ministerio Público Fiscal y no contará con la presencia de María Isabel Sánchez, a quien, en medio del transcurso de la investigación, se le concedió una "licencia psiquiátrica" que la apartó de la causa.
"LA SENTENCIA ABSOLUTORIA ES LA ÚNICA SOLUCIÓN"
Solari, la defensora de Farías, Offidani y Maciel, ratificó que "la única reflexión que puede hacerse" a dos años de la muerte de Lucía Pérez es que "hay tres personas detenidas injustamente" al sostener que las "calificaciones de los delitos que se imputan no resultan las adecuadas".
"Estamos esperando muy ansiosamente este juicio; realmente queremos que llegue porque no tenemos ni la menor duda que los imputados van a salir absueltos", garantizó la letrada, en declaraciones a El Marplatense.
La abogada tildó como "aventurada" la postura que adoptó la fiscal Sánchez y sostuvo que las impactantes declaraciones que brindó a pocas horas del hecho generaron un "perjuicio irreparable". "Es muy difícil revertir eso: nos coloca en una situación compleja porque tenemos que dar vuelta una versión que se instauró, que es falsa pero que tuvo mucho peso por el impacto de los términos utilizados. Se dio información a la ligera", cuestionó, y agregó: "Ahora hay que emprender un camino sumamente escabroso pero estamos acostumbrados".
En este marco, Solari aseguró también que a la fecha Alejandro Maciel sigue cumpliendo la prisión preventiva en una ONG dedicada al tratamiento de las adicciones, medida que fue dispuesta por la Justicia de Garantías y que despertó fuerte malestar social en su momento. "Es una institución seria y cuyos resultados favorables se advierten en el 90 por ciento de los detenidos", afirmó, y aclaró: "Hay que entender que la morigeración a una medida de coerción no es una excarcelación sino simplemente la posibilidad de que la detención se cumpla en otro establecimiento, como puede ser un domicilio".
"LA FAMILIA PODRÁ RECUPERAR LA PAZ QUE NECESITA CON EL JUICIO"
Por su parte, Gustavo Marceillac, quien representa a la familia de Lucía Pérez, se mostró confiado con la "solidez" de las pruebas que hay contra los tres imputados para que en el juicio se pueda demostrar la hipótesis de abuso sexual. "Ya estamos en las puertas de un juicio oral donde la familia podrá recuperar la paz que necesita", aseveró.
En diálogo con este medio, respaldó el accionar investigativo del Ministerio Público Fiscal y destacó que "se han hecho todas las diligencias necesarias para llegar a donde estamos". "Ahora vamos a tener que volver a reproducir toda la prueba, adelante de los jueces, en paridad de condiciones de la defensa, y cada uno hará sus argumentaciones", indicó.
El letrado le quitó importancia al cambio de fiscales durante el avance de la causa e insistió en que "no tiene nada que ver quién es el representante del Ministerio Público Fiscal que se vaya a sentar en el debate". "Nosotros queríamos tener definido quién iba a estar antes del ofrecimiento de prueba porque hace a la definición de la estrategia en el juicio, entonces necesitábamos tenerlo definido, pero es indistinto quién este sentado ahí", aclaró.
Marceillac también reflexionó sobre el alto impacto social que ha tenido el caso y si bien consideró que haya una "conmoción natural por el delito que se investiga", lo atribuyó a la existencia de un mayor compromiso con la Justicia por parte de la sociedad.
"Me parece importante que la sociedad se comprometa con la Justicia. Pero no por esta causa sino porque hace el ejercicio cívico de cada uno. La preocupación de la ciudadanía en relación a este caso, como cualquier otro, siempre es importante", concluyó.
